El procurador general de la Nación, Eduardo Casal, solicitó hoy a la Corte Suprema que agrave la condena contra Cristina Fernández de Kirchner y la sentencie a 12 años de prisión por asociación ilícita en el caso Vialidad, relacionado con la obra pública en Santa Cruz. En un dictamen de 13 páginas, el jefe de los fiscales también pidió que se decrete el decomiso de más de 5.300 millones de pesos.
Casal respaldó la postura de los fiscales Diego Luciani, Sergio Mola y Mario Villar, quienes ya habían sostenido durante el juicio que las irregularidades en 51 contratos otorgados a empresas de Lázaro Báez formaban parte de un esquema de corrupción organizado que se sostuvo durante 12 años y tres mandatos presidenciales. Según el procurador, la organización criminal no pierde su carácter por haber ejecutado un solo plan: “La figura de la asociación ilícita no depende de la ejecución”, argumentó.
La ex presidenta fue condenada en 2022 a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta. Esa sentencia fue confirmada por Casación el año pasado, pero tanto el Tribunal Oral como la Cámara rechazaron la figura de asociación ilícita. Ahora, la Corte debe decidir si mantiene o modifica la pena.
Casal también pidió revertir las absoluciones de Julio De Vido, Abel Fatala y Héctor Garro. Sobre el ex ministro de Planificación, sostuvo que fue “uno de los principales organizadores” del esquema de desvío de fondos públicos, favoreciendo a Austral Construcciones incluso cuando las obras no registraban avances.
El fallo de la Corte será clave, no solo por sus consecuencias penales, sino por el impacto político. La condena incluye la inhabilitación perpetua y la ex presidenta aún no definió su rol electoral para este año. Su defensa reclama la absolución y advirtió que, si la sentencia es confirmada, acudirá a tribunales internacionales. También recusó al juez Ricardo Lorenzetti, planteo que la Corte aún debe resolver.
Fuente : Informate Salta
