La Cámara de Diputados de la Nación inició este jueves el tratamiento del proyecto de Reforma Penal Juvenil que propone modificar el régimen vigente y bajar la edad de imputabilidad. El oficialismo busca avanzar con un dictamen de mayoría que fija la imputabilidad penal a partir de los 14 años para delitos graves y establece un nuevo esquema de sanciones y medidas socioeducativas.
En ese contexto, legisladores nacionales por Salta expusieron sus posiciones durante el debate en el recinto.
La diputada Yolanda Vega, del bloque Innovación Federal, consideró que “corresponde actualizar la legislación penal que lleva más de 40 años, acorde a nuestros tiempos” y señaló que la sociedad demanda abordar el tema garantizando derechos y promoviendo políticas de prevención, reinserción y resociabilización.
“Estamos ante un debate que la sociedad argentina reclama. Pero bajar la edad de imputabilidad requiere respaldo financiero directo del Poder Ejecutivo Nacional”, advirtió. En ese sentido, planteó la disidencia respecto a la necesidad de asegurar recursos para las provincias.
Vega remarcó que la Constitución delega en las provincias la administración de justicia y seguridad, mientras que la mayor parte de la recaudación queda en manos de la Nación. “Si hoy sancionamos esta ley y los chicos de 14 años deben entrar al sistema penal, ¿quién va a construir los centros de detención especializados que la misma ley exige? ¿Quién va a financiar los equipos interdisciplinarios, psicólogos, trabajadores sociales y educadores?”, cuestionó.
Para la legisladora, invertir en la implementación de la norma debe entenderse como una política de seguridad ciudadana. “Ya sabemos que quien entra en un sistema colapsado sale convertido en un profesional del delito. Un menor que entra en un sistema financiado, con talleres de oficio y seguimiento real, tiene una oportunidad de resociabilización”, sostuvo. Y concluyó que el Ejecutivo Nacional debe garantizar que la ley se aplique con el mismo estándar en todas las provincias.
Por su parte, la diputada Gabriela Flores, de La Libertad Avanza, defendió la iniciativa y cuestionó las posturas críticas. “La sociedad que está afuera de este recinto está desesperada y abandonada a su suerte en materia de seguridad”, aseguró.
Flores sostuvo que los menores no pueden quedar fuera del debate cuando se trata de delitos graves y afirmó que muchos jóvenes menores de 14 años cometen delitos “con absoluto discernimiento”, mientras que los operadores judiciales no cuentan con herramientas suficientes para responder.
Asimismo, señaló que la mayoría de los países de la región tienen una edad de punibilidad más baja que la vigente en Argentina y afirmó que el país comparte actualmente el límite de 16 años con Cuba. “Lo que venimos a defender desde este espacio político es a los millones de argentinos que nos pusieron en estas bancas para garantizar derechos que hoy no están siendo oídos”, concluyó.
Fuente: Aries Online
