La jueza Marta Elba Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora ordenó suspender preventivamente durante 60 días la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil en todo su territorio. La medida llegó apenas dos días después de la entrada en vigencia de la Ley 27.801 y la baja de imputabilidad a partir de los 14 años. La suspensión responde al hábeas corpus preventivo colectivo presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo en favor de adolescentes privados de su libertad y responde a la situación edilicia y al ámbito de reinserción.
Esta decisión, en consonancia con otras presentaciones judiciales en Buenos Aires, como la de la Comisión Provincial por la Memoria, reabre un debate que también se da en Salta: la posibilidad y oportunidad de su aplicación. Según pudo saber Aries, desde diferentes organismos se planifican presentaciones judiciales; aunque por el momento se pide reserva hasta que esas actuaciones queden formalmente presentadas.
La jueza consideró que existía una situación de urgencia y que debía analizarse si la aplicación inmediata del nuevo régimen podía provocar una afectación grave de derechos fundamentales. De fondo, el fallo plantea en que si el estado puede ampliar el universo de personas sometidas al sistema de responsabilidad penal juvenil, sin antes garantizar las condiciones materiales, institucionales y profesionales indispensables.
Las advertencias desde Salta
El cuestionamiento sobre los recursos disponibles para aplicar el nuevo régimen es un planteo recurrente de funcionarios judiciales que trabajan con esta problemática en Salta.
La jueza Penal Juvenil N° 1, Tatiana Dip Torres, reconoció por NyN en Aries que los recursos disponibles en la provincia son limitados. Aunque a su vez aseguró que se trabaja con dedicación y esfuerzo.
También los defensores cuestionaron la aplicación. En comunicación con Aries, el defensor penal juvenil, Carlos Flores explicó que además de violar el principio de no regresividad, establecido en tratados internacionales de derechos humanos, según el cual el Estado no puede reducir niveles de protección ya reconocidos a niños y adolescentes; advirtió además sobre la escasa cantidad de defensores especializados disponibles.
Por su parte el asesor de Incapaces N° 1 de Tartagal, Juan José Andreu Emran, también cuestionó en entrevistas la baja de la edad de imputabilidad y alertó sobre la falta de profesionales e infraestructura para afrontar el nuevo régimen.
Fuente: Infobae
