El oficialismo y los bloques de la oposición dialoguista lograron esta tarde suscribir un dictamen de mayoría de un proyecto de reforma del régimen penal juvenil que baja la edad de imputabilidad a los 14 años.
Al promediar la reunión resolutiva de un nutrido plenario de las comisiones de Legislación Penal, Familias, Justicia y Presupuesto, la diputada Laura Rodríguez Machado anunció que obraba en secretaría un despacho con 77 firmas.
La iniciativa, acompañada por La Libertad Avanza (LLA), el PRO, la UCR, un sector de Encuentro Federal, Democracia para Siempre, Innovación Federal y la Coalición Cívica, superó en firmas al dictamen de Unión por la Patria (UxP), que mantiene a los 16 años como umbral mínimo de punibilidad.
En junio del año pasado, el Poder Ejecutivo había presentado una iniciativa que bajaba a 13 años la edad de imputabilidad, un objetivo recurrente de la política punitivista de la derecha argentina para los años de campaña electoral que no plantea soluciones de fondo para cumplir con los derechos básicos de la población adolescente.
Tal es así, que La Libertad Avanza, el PRO y sus aliados lograron el dictamen de mayoría a pesar de las ocho reuniones de comisión en la que participaron expertos de la sociedad civil y del Poder Judicial, en su gran mayoría críticos de la baja de edad de imputabilidad, aunque se incorporaron modificaciones respecto al proyecto original. La diputada de la Coalición Cívica Marcela Campagnoli aclaró: “Este proyecto no tiene nada que ver con el proyecto original que ha mandado el Poder Ejecutivo”.
Campagnoli subrayó, en especial, la incorporación de “garantías procesales” para los jóvenes de entre 16 y 18 años. “Esas garantías los jóvenes de 16 a 18 años no tienen, como sí los adultos. Son el debido proceso, la defensa en juicio, el derecho a ser oídos. Hoy hay un régimen tutelar donde el menor queda a total disposición del juez, que puede detenerlo sin dar los argumentos para practicar esa detención”, argumentó Campagnoli.
El kirchnerista Matías Molle, en tanto, lamentó que la mayoría de los diputados no haya escuchado los argumentos críticos que expuso la mayoría de los expertos que concurrieron a las audiencias informativas. “Vino mucha gente a participar, pero en el fondo siento que vinieron como parte de una escena ya montada, de una obra de teatro que era necesaria para legitimar una decisión ya tomada”.
Molle comentó que el año pasado el Comité contra la Tortura reportó que “hay mas de 13 mil personas en comisarías en la Argentina cumpliendo penas”. “¿Qué se piensan? ¿Que a los pibes no lo van a mandar a comisarías? Nos estamos lavando las manos como Poncio Pilatos con un Gobierno que le saca el cuerpo al Estado. Esto es un problemón que lo tendríamos que haber resuelto con una discusión mucho más integral”, consideró.
Unión por la Patria intentó sumar al que terminó siendo el dictamen de minoría a los diputados massistas, históricamente a favor de medidas punitivistas como la baja de la edad de imputabilidad. En ese sentido, el presidente de la bancada de UxP, Germán Martínez, planteó una moción para posponer la firma de los dictámenes, al esgrimir que “el tema no estaba lo suficientemente maduro”, pero la propuesta no prosperó.
La presidenta de la Comisión de Familias, Niñez y Juventudes, Roxana Reyes (UCR), destacó que la reforma del régimen penal juvenil “era una asignatura pendiente de este Congreso”. “Este Régimen Penal Juvenil tiene fundamentalmente una función resocializadora, educativa, de contención. Tenemos que llegar a tiempo para que aquellos jóvenes y adolescentes que entraron en conflicto con la ley penal puedan tener esa oportunidad de la resocialización”, afirmó.
“Las penas alternativas, las medidas alternativas que prevé, la figura del acompañante que va a tener en todo momento el joven que entró en conflicto con la ley penal, son más que indicativos de que fuimos caminando en ese sentido”, consideró.
Por su parte, el diputado nacional del Frente de Izquierda Christian Castillo calificó la propuesta del oficialismo y sus aliados como “una bomba de humo que no resuelve ninguno de los problemas que se proponen resolver”. “La evidencia en los países en donde se ha bajado la edad de punibilidad demuestra que no disminuye la cantidad de delitos que realizan las personas de edades a las cuales se extiende la punibilidad sino que incluso han aumentado”, advirtió. “Se quiere transformar a los niños, niñas y adolescentes en chivo expiatorio”, sentenció Castillo.
En tanto, el diputado de Democracia para Siempre Fernando Carbajal acompañó el dictamen de mayoría y marcó diferencias con la propuesta original del Gobierno. “Este dictamen rechaza ese eslogan mentiroso y despreciable de que al delito de adulto le corresponde pena de adulto. Esta frase lamentable repetida por los operadores del Gobierno y que el señor jefe de Gabinete (Guillermo Francos) trajo a este recinto está repudiado y rechazado en el dictamen que existe. Porque el régimen de pena establecido no contempla esa barbaridad que quiere instalar el Gobierno”, aclaró.
El proyecto de ley del dictamen de mayoría dice que un joven que se ha condenado a una pena de 0 a 3 años no se le puede aplicar pena de prisión efectiva y que si la pena es de 3 a 10 años, el juez tiene que evaluar la posibilidad de combinar esa aplicación de pena de prisión efectiva con opciones de resocialización, educación y contención. Sí se podrá aplicar pena efectiva de prisión cuando el delito sea superior a 10 años, pero la norma establece penas máximas de 15 años (no admite prisión perpetua).
José Glinski, diputado de UxP, denunció que el tratamiento que se le está dando al tema es “una farsa” con “el único objetivo de generar espacios en los medios”. “Usan argumentos garantistas para defender la baja de la edad de imputabilidad. La hipocresía es total”, sentenció sobre el proyecto de baja de edad de imputabilidad.
Fuente: Página 12
