El diputado provincial por Guachipas, Néstor Parra, presentó un Proyecto de Declaración para solicitar a los legisladores nacionales por Salta que impulsen en el Congreso modificaciones al Código Penal que permitan brindar una respuesta específica frente a los hechos de vandalismo rural que afectan a productores y a la infraestructura agropecuaria.
La iniciativa pone el foco en una problemática que preocupa al sector rural: hechos delictivos que no solamente implican la pérdida o destrucción de un bien, sino que pueden comprometer el funcionamiento de toda una actividad productiva.
“Cuando hablamos de abigeato o de vandalismo en el campo, no podemos mirar solamente cuánto cuesta lo que se robaron o destruyeron. Para un productor puede significar perder parte de su producción, afectar una inversión, interrumpir su trabajo y comprometer la continuidad de su actividad”, expresó Parra.
El legislador sostuvo que las características de la producción agropecuaria hacen necesario analizar estos delitos considerando la totalidad de sus consecuencias.
“Quien trabaja en el campo sabe el esfuerzo y la inversión que hay detrás de cada animal, de cada cultivo y de cada elemento de infraestructura. Por eso creemos que la respuesta de la ley tiene que contemplar el verdadero impacto que estos hechos generan sobre el productor”, afirmó.
El proyecto también propone que los legisladores nacionales por Salta intervengan en el debate que ya se encuentra abierto en el Congreso a partir del Expediente N.º 2248-D-2026, referido a la modificación del Código Penal en materia de vandalismo rural.
“Queremos que la realidad de Salta esté presente en esa discusión. Nuestra provincia tiene una enorme extensión territorial y una actividad agrícola y ganadera muy importante. Necesitamos herramientas que permitan proteger mejor a quienes producen, invierten y generan trabajo”, señaló Parra.
En paralelo, la iniciativa plantea fortalecer en la Provincia los mecanismos de prevención del delito rural, así como los sistemas de denuncia, investigación, trazabilidad y coordinación entre los organismos competentes.
“La prevención, la investigación y una legislación adecuada tienen que ir de la mano. El productor necesita saber que frente al delito existe una respuesta concreta del Estado”, concluyó el diputado.
